Durante las últimas semanas, una de las noticias más leídas y comentadas ha sido la de las medidas tomadas por el gobierno mexicano para que a principio del próximo año se cuente con una vacuna para Covid19, en específico, la que desarrollan en conjunto la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, una de las cuatro que están en etapa mas avanzada de investigación, y probablemente, en noviembre, se tengan los resultados finales de las pruebas clínicas.

Esta vacuna está basada en un adenovirus de chimpancé, modificado genéticamente para poder inhibir el funcionamiento de la proteína S, aquella que le da la forma de “corona” al virus y le permite unirse a las células del huésped, y desatar la respuesta inmunológica, evitando su replicación en el organismo que lo aloja. Ha sido probada en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica.

A través de los acuerdos firmados, estarán disponibles para la población latinoamericana, alrededor de 150 millones de dosis, las cuales, se fabricarán en México, y según el gobierno mexicano, será ofrecida de manera universal.

Sin embargo, su aplicación implicará retos de infraestructura, de distribución, de impacto económico, pero también éticos, como lo señalaron especialistas en bioética al reflexionar sobre quienes serán las personas que verdaderamente tendrán el acceso a la vacuna de manera pronta y eficaz durante un foro virtual organizado por El Poder del Consumidor.

Al respecto, Ana Palmero, coordinadora del área de Ética en Investigación del Ministerio de Salud de Argentina compartió que el desarrollo de la vacuna ha implicado el ensamblaje de mecanismos de cooperación y de comunicación entre grupos de investigación, autoridades, industria farmacéutica, comités de ética, entre otros actores clave, así como la flexibilización de operaciones, acreditaciones y evaluaciones, y la rapidez de la puesta en marcha de proyectos de investigación relacionados con la vacuna.

Sin embargo, consideró que aún no se han definido las formas en que a se va a garantizar el acceso equitativo a la vacuna, ya que, hasta el momento, refirió la también consejera en materia de bioética de la Organización Panamericana de la Salud, el criterio prevaleciente es que sean aquellos países con mayor posibilidad de pago, quienes primero contarán con ella.

 De igual manera planteó que deben plantearse cuestionamientos como a qué sectores sociales debe priorizarse en la aplicación de la vacuna, cuáles son los grupos más expuestos y con mayores riesgos o situaciones de vulnerabilidad, cómo será posible llegar a ellos y dar argumentos para definir por qué deben ser ciertos sectores, y no otros, lo que reciban las primeras dosis del mecanismo preventivo.

Por su parte, la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María de Jesús Medina Arellano expuso que la pandemia de Covid19 ha replanteado la necesidad de pensar en la justicia distributiva, debido a que, en varios rubros, se han presentado situaciones de escasez de insumos, y en el caso de la vacuna, podría presentarse el mismo escenario, incluso, a pesar de que los estados la impongan como una medida de salud pública.

La investigadora explicó que en cada país deben evaluarse algunos aspectos como la gravedad de la enfermedad por Covid19, la posibilidad de algún mecanismo preventivo como la vacuna, el número de personas que podrían quedarse sin acceso a la vacuna o decida no ponérsela y la potencialidad de la infección.

Además de tomar en cuenta experiencias pasadas como la de la influenza, en 2009, cuando países con recursos económicos negociaron la compra de vacunas antes de su producción, dejando fuera de la posibilidad de adquisición a países con menos recursos, propiciando una situación de suboptimización de recursos.

Para la también secretaria de la Asociación Internacional de Bioética es momento de que a nivel internacional los gobiernos de los países busquen crear un sistema justo de asignación global y mejorar los sistemas de financiamiento de recursos al sector público, y al interior de cada país, seleccionando que sectores de población se les dará prioridad para la aplicación de la vacuna.

La integrante del Colegio de Bioética consideró que estos sectores prioritarios de la población deben ser quienes laboran en los servicios de salud y aquellas personas en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad hasta su etapa más grave.

Para Silvia Serrano del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, las desigualdades estructurales ya existentes que se han acentuado con la emergencia sanitaria actual y han derivado en dilemas para los sistemas de salud en materia de disponibilidad de insumos y posibles escenarios de carencia de los mismos.

Por esa razón, consideró que las decisiones de salud pública deben tomarse con base en evidencia científica, criterios bioéticos y garantía del derecho a la no discriminación y la igualdad. Y en el caso de la vacuna, no tomar como criterios principales para su acceso la posibilidad de pago.

La también especialista en el sistema interamericano de derechos humanos indicó que otro aspecto pendiente por parte de los Estados es la garantía del derecho participar y gozar de los beneficios del progreso científico sin restricciones ni diferencias, debido a que esta garantía permite que las personas gocen de otros derechos como la alimentación y la salud, entre otros de corte económico, social, cultural y ambiental.

Además de la urgencia de fortalecer la cooperación científica internacional para el desarrollo, la fabricación y la distribución de la vacuna, pero también de otros insumos necesarios para la respuesta a la pandemia.