Una visión humana

La pandemia: ¿Dónde quedan los derechos?

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Escrito por Leonardo Bastida

Tiempos de Covid-19

 Imponer una pena de cárcel hasta por 10 años para quien ponga en riesgo de infección de Covid 19 u otra enfermedad a una persona ha sido una de las propuestas planteadas como solución para evitar que se incrementen las tasas de infección del coronavirus SARS-Cov-2, según el senador de la República, Samuel García, quien recientemente dio a conocer su propuesta de modificación al Código Penal Federal, a través de sus redes sociales. 

La insistencia de muchos gobiernos para imponer medidas sumamente restrictivas como parte de sus estrategias de respuesta a la emergencia ha sido una constante. En muchos municipios del país, se han puesto en marcha toques de queda para evitar que la población esté en las calles después de determinada hora o lo haga en grupos. En redes sociales, han circulado videos de cuerpos policíacos desalojando locales comerciales aunque sean centros de abastecimiento de alimentos.

La Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH ha documentado que en cinco entidades federativas del país, Chihuahua, Puebla, Sonora, Tabasco y Yucatán, como parte de sus estrategias para la mitigación de infecciones del nuevo coronavirus, han decretado que quien presente posibles síntomas de la presencia de Covid 19 y no cumpla las medidas sanitarias correspondientes, puede hacerse acreedor a una sanción de cárcel y una multa económica.

Incluso, en Sonora, se ha dado a conocer un plan de contingencia en el que se autoriza a las fuerzas policíacas sancionar a quienes se desplacen por las vías públicas en grupos de dos o más personas o a quienes hagan uso de un automóvil en grupos de dos o más personas. La sanción puede ir desde una amonestación y el acompañamiento por parte de fuerzas de seguridad a las personas implicadas hasta su casa o el arrestarlas bajo el cargo de peligro de contagio, pudiendo hacerse acreedoras a una pena de cárcel y una multa económica.

Lo anterior, a pesar del exhorto realizado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el Sida , en el que se recuerda que “una respuesta efectiva a crisis de salud como la de Covid-19 debe estar profundamente arraigada en la confianza, la solidaridad humana y el respeto inquebrantable por los derechos humanos”.  

De igual manera, en diversas ocasiones, el gobierno federal ha exhortado a las autoridades estatales a no imponer medidas restrictivas de derechos sino, por el contrario, plantear cualquier solución con base en el respeto a los derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.

Alerta de organismos internacionales

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han señalado que la pandemia ha propiciado que diversos grupos en situación de vulnerabilidad y de discriminación, requieren del diseño de estrategias de respuesta especiales para evitar que las afectaciones por el Covid 19 tengan consecuencias considerables.

En una situación sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 01/20 denominada Pandemia y Derechos Humanos, en la que exhorta a los Estados para que “al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o en especial vulnerabilidad”.

Entre estos, destacó a “las personas mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad humana, los niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTI, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad”.

A finales de marzo, se suscitó un motín en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, dejando el saldo de un migrante guatemalteco muerto y otros 14 heridos. Su reclamo era que se tomaran las medidas pertinentes para evitar posibles infecciones del coronavirus debido a las condiciones de hacinamiento en las que estaban detenidos. En algunas cárceles mexicanas, en específico, las de mujeres, se les ha asignado la tarea de elaborar cubrebocas para evitar el desabasto de los mismos. Sin embargo, aún no se terminan de implementar las medidas correspondientes, entre ellas, la reducción de la población penitenciaria debido a los índices de sobrepoblación al interior de las prisiones. En varios reclusorios, familiares se han quejado de la falta de información sobre el estado de salud de integrantes de sus familias en privación de libertad por parte de las autoridades penitenciarias.

Ante este panorama, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura ha exhortado a los gobiernos a implementar medidas para las poblaciones en situación de aislamiento como son población penitenciaria, personas migrantes en centros de detención, personas desplazadas y personas en campos de refugiados como son la liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad; la revisión de todos los casos de prisión preventiva; extender el uso de fianzas con excepción de los casos más graves; así como revisar y reducir la detención de migrantes y los campos cerrados para refugiados, a fin de evitar el confinamiento y la fácil propagación del virus.

¿Y el gobierno mexicano?

El gobierno mexicano ha reportado que hay 108 personas de nacionalidad mexicana con Covid 19 en los Estados Unidos. Diversas organizaciones de apoyo a migrantes en territorio estadounidense han comenzado a recuperar los cuerpos de quienes han fallecido a causa del coronavirus y han denunciado que los casos entre la comunidad migrante pueden ser muchos más debido a que muchas de las personas en situación de movilidad que carecen de documentación oficial están evitando ir a los centros de salud por el temor a ser deportadas a pesar de presentar síntomas. El gobierno mexicano no ha cesado la deportación de migrantes sin documentación.

En el caso específico de las personas migrantes, la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes y la de trata de personas han pedido a los gobiernos de todo el mundo hacer una extensión automática de al menos seis meses para todos los programas de protección y asistencia para personas migrantes en situaciones vulnerables y víctimas de trata que estén cerca de su fecha de expiración, para asegurar la continuidad de los procesos de inclusión social de las sobrevivientes.

Ante las situaciones de desplazamiento interno, se ha realizado un exhorto a que las personas que vivan en esta situación tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y vivienda adecuadas, así como a información relacionada con la enfermedad  y acceso a los servicios de salud y evitar que las medidas de distanciamiento social no propicien la merma de apoyos.

Esta semana, en Chiapas, una jueza otorgó un amparo a cuatro personas que exigieron que la información referente al Covid-19 estuviera disponible en las lenguas tzotzil, tzeltal, zoque y chol. En otros lugares de la República, organizaciones como la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar han elaborado videos en náhuatl, maya, purépecha, tu’un savi, me’pha, zapoteca y lengua de señas mexicana, para contribuir a la diseminación de la información en las diferentes comunidades indígenas del país.

Los retos no sólo se presentan durante las acciones de respuesta a la pandemia. Diversos grupos de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas han señalado diferentes pendientes que deberán resolverse, una vez que se supere la etapa más crítica de la crisis sanitaria.

A través de un comunicado, el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha advertido que las comunidades podrían resentir las recesiones económicas y las situaciones de violencia que estas podrían conllevar derivada de conflictos por sus tierras, pues en muchas de ellas hay presencia de megaproyectos, la escasez de recursos y la búsqueda de explotación de los manos acuíferos que muchos de estos pueblos resguardan.

Una tercera parte de los casos de personas hospitalizadas por Covid 19 en los Estados Unidos son de personas de origen afroamericano. Varios analistas en salud pública han señalado que la cifra es preocupante si se toma en cuenta que la población afroamericana representa el 13 por ciento del total de la demografía estadounidense, lo cual significa que es el sector social con mayores probabilidades de infectarse del nuevo coronavirus, de presentar síntomas, requerir hospitalización, e incluso morir.

Ante este panorama, el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre personas afrodescendientes ha señalado que la discriminación estructural podría exacerbar la desigualdad en el acceso a atención y tratamiento sanitario, lo que provocaría disparidades en los resultados de salud y mayor mortalidad y morbilidad para las personas afrodescendientes.

Por esas razones, hizo un llamado a los gobiernos a reconocer la urgencia de los derechos humanos en tiempos ordinarios y garantizar el acceso a educación, vivienda, internet, atención médica y a las necesidades básicas en todo momento y para todas las personas, pues una vez pasada la emergencia sanitaria, continuarán siendo uno de los sectores en mayor situación de vulnerabilidad que, en caso de no cambiar sus condiciones de vida , podría volver a resentir las consecuencias de emergencias sanitarias o catástrofes ambientales de manera intensa.

La pandemia, en la sombra

A través de un mensaje titulado La pandemia en la sombra, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, ha denunciado que en varios países del mundo han aumentado las tasas de denuncia de violencia al interior de los hogares hacia las mujeres durante el último mes, una situación estrechamente relacionada con el período de distanciamiento social, debido a que muchas mujeres viven este período junto con compañeros que ejercen un comportamiento controlador y violento en el hogar.

Los refugios para mujeres en situaciones de violencia trabajan a su máxima capacidad, pero las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y otros mecanismos de denuncia que varias organizaciones han señalado como insuficientes ante la situación.

Algunos países de América Latina han comenzado a resaltar la importancia de dar especial atención a la población LGBTI, en especial, a las personas trans. En Argentina, recientemente se dedicó todo un espacio de las conferencias de prensa del gobierno para hablar sobre las necesidades específicas de este sector.

Decenas de mujeres trans dedicadas al trabajo sexual han tenido que buscar espacios para vivir debido al cierre de hoteles donde solían pernoctar y trabajar. Algunas, han tenido que dormir en las calles. Casi todos los días, en diferentes puntos de la ciudad, algunas organizaciones como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez o Condomóvil les proporcionan alimentos.

La CIDH ha hecho un exhorto para que se diseñen medidas inclusivas para las poblaciones LGBTI como acceso a vivienda y refugio seguros, eventuales medidas de reactivación económica, respeto a la identidad de género en las instituciones de salud, mecanismos de denuncia sobre situaciones de violencia y continuidad a los servicios médicos que ya se brindaban a poblaciones trans.

En distintos mercados de la ciudad de México y otras partes del país se vendían piñatas del “nuevo coronavirus” en cuya decoración exterior se colocaban emoticones con ojos rasgados, en clara alusión al origen asiático del Sars-COV-2.

La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías ha documentado agresiones físicas en diversos lugares del mundo en contra de personas con rasgos asiáticos y a otros grupos étnicos a los que se les acusa de la propagación del virus, resaltando que este coronavirus no sólo provoca problemas de salud sino que ha exacerbado la xenofobia, el odio y la exclusión por lo que los Estados deben trabajar, de manera urgente, en la protección de los derechos humanos de todas las personas.

Para Scott Burris, director del Centro de Salud Pública y Derecho de la Universidad de Temple y Wendy E. Parmet, directora del Centro de Salud Pública y Derecho de la Universidad del Noroeste, la pandemia ha mostrado que el acceso a los alimentos, a un techo y a servicios de salud es esencial, y no depende estrictamente de una responsabilidad individual, como suele pensarse en muchas ocasiones. Por el contrario, los gobiernos han comenzado a darse cuenta que esas garantías son parte de sus obligaciones.

Para los especialistas, la disyuntiva surgirá después de la crisis sanitaria, donde la población, y de manera más específica, los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y discriminación, deben cuestionarse si deben esperar hasta la próxima crisis global de salud, que seguramente podría ocurrir, o exigir de una vez por todas, la garantía de todos sus derechos fundamentales por parte del Estado.

Acerca del autor

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Leonardo Bastida

@leonardobastida

Tejedor de historias y cronista de las realidades desde hace más de una década. Etnohistoriador de formación, apasionado por el cine, la literatura y las buenas charlas, investigo y documento vulneraciones a derechos humanos por cuestiones de género, diversidad sexual, VIH/Sida, entre otras causales. Por investigaciones periodísticas sobre tecnología mexicana aplicada al tratamiento del VIH y la ruta seguida por las mujeres del Estado de México para lograr la declaratoria de la alerta de género, obtuve los premios Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas, y el José Pagés Llergo.

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