La futura secretaria de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero, propuso en la Cámara de Senadores, que se garantice de manera segura la reproducción asistida para todos los mexicanos.

“Quiero dedicar esta iniciativa a todas las parejas que les está costando mucho trabajo poder tener un hijo”, dijo la senadora antes de exponer su iniciativa.

Dicha propuesta, presentada el pasado 20 de noviembre, contempla que sea obligación del Estado hacer lo necesario para que las personas, sin importar si están casadas o si tienen parejas del mismo sexo, accedan a estos procedimientos de manera segura.

Sánchez Cordero propuso también que sea obligación del Estado garantizar que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la procreación, incluyendo los servicios de reproducción humana asistida.

“Es necesario adecuar nuestras leyes y prácticas sociales apegándonos lo mejor posible a la más reciente evidencia científica, sin descuidar, claro, la observancia de los derechos humanos”, dijo Sánchez Cordero en la cámara alta.

La senadora señaló que actualmente México ocupa el tercer lugar del turismo médico de todo el mundo “con poca o nula regulación del estado al respecto”.

En 2013, dijo, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconocía que en México existían unos 50 establecimientos autorizados para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, sin embargo, a la fecha muchos médicos han reconocido que están fuera de control e incluso, muchas clínicas trabajan en la clandestinidad.

“Tan sólo en el 2013 se llevaron a cabo más de 82 mil procedimientos en 52 clínicas autorizadas, pero desgraciadamente existen evidencias de establecimientos clandestinos que ponen en riesgo al paciente, comprometiendo su futuro reproductivo”.

“En otros países ya han logrado adaptar los avances científicos y tecnológicos con las exigencias de una sociedad moderna como Reino Unido, Australia y Estados Unidos, sus disposiciones coinciden el objetivo de garantizar los derechos de las personas pero regularizando los procedimientos”, señaló al indicar que en esta iniciativa se busca brindar certeza para las personas que busquen reproducción asistida.

De ahí que la propuesta, establece también sanciones en caso de efectuar estas prácticas en mujeres sin que den su consentimiento.

Asimismo la Secretaría de Salud contará con un Registro Nacional de Reproducción Asistida con el fin de que todas las clínicas estén bajo control y vigilancia.

“Con ésta iniciativa proponemos brindar el acceso a las familias que padecen de infertilidad reproductiva y la posibilidad y al anhelo de hacer realidad sus derechos a la salud y a la familia”.

EL PROYECTO

El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, establece que la Secretaría de Salud, regulará y controlará las cuestiones sanitarias sobre el tema, definiendo la reproducción asistida como la reproducción lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación con técnicas de reproducción asistida, inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen del esposo, pareja o a un donante.

Asimismo se deja en claro los requisitos para someterse a esos tratamientos, entre los que destaca que acceder al procedimiento las mujeres deben ser mayores de 18 años, y otorgar consentimiento por escrito para ser parte de ese proceso.

Las prácticas ilegales en cuanto a la reproducción asistida, serían castigadas con 17 años de cárcel y, de tres a ocho años, a quien realice técnicas de reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento y castigo a quienes promuevan o faciliten la obtención ilegal de embriones y gametos.

La propuesta que fue turnada a comisiones para su trabajo y discusión, prohíbe también cualquier tipo de práctica eugenésica (buen nacimiento), clonación reproductiva, utilización de embriones con fines de experimentación, selección del sexo -salvo en casos para evitar una enfermedad hereditaria grave, vinculada al género-, así como la implantación de más de tres embriones en la madre.

Es necesario y urgente romper con la inercia de tiempos pasados, misma que ya no corresponden con la realidad de nuestra sociedad y del mundo. Adecuar nuestras leyes y prácticas sociales apegándonos a la más reciente evidencia científica sin descuidar la observancia de los derechos humanos a modo de brindar la seguridad jurídica tanto de esas personas que necesitan del auxilio médico para procrear como aquellos que los asisten para lograr este objetivo”.