En poco más de 100 años, América Latina no se había enfrentado a una disminución del Producto Interno Bruto tan significativa como la que se pronostica para este año, que es de 5.3 por ciento, aún mayor que la registrada en 1929, tras la caída de Wall Street, que fue de cinco por ciento, y la de 4.9 por ciento, registrada en 1914, advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En conferencia de prensa virtual, en la que se presentó el informe especial COVID-19 N⁰ 2 “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”, Bárcena expuso que tras la crisis sanitaria se pronostica un aumento de las tasas de desempleo de 8.1 por ciento a 11.5 por ciento, situación que se traduce en alrededor de 37 millones de personas en situación de desempleo.
De acuerdo con el informe, más de 50 por ciento de las fuentes de empleo formales provienen de empresas pequeñas y medianas por lo que el impacto negativo de la situación hacia estos consorcios repercutirá en la disminución de las tasas de ocupación laboral.
Dos de los países más afectados de la región serán Brasil y México, en los cuales están ubicados los los sectores manufactureros más grandes de la zona. Otras naciones, disminuirán sus índices de exportaciones, debido al cese de algunas actividades en China y Estados Unidos, algunos de los principales destinatarios de los productos elaborados en varios países latinoamericanos. Y otras, se verán afectadas por la disminución de la demanda de servicios turístico y remesas.
De igual manera, muchos países que dependen de la exportación de bienes primarios resentirán la disminución de los precios de los mismos, así como la reducción de su demanda. El documento hace especial énfasis en que uno de los países más afectados por los cambios de precio de insumos primarios es México con la caída del costo del barril de petróleo.
El informe enfatiza que otra de las consecuencias de la crisis sanitaria es la acentuación de la desigualdad de género ante medidas como el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, pues aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres.
Como parte de las conclusiones del documento, se recomienda modificar ciertos aspectos de las redes de producción como privilegiar ubicaciones más cercanas a los mercados finales de consumo y relocalizar procesos productivos y tecnológicos estratégicos.
Sumado a la promoción de una gobernanza proclive a la inclusión y la sostenibilidad, que para participar activamente en esa nueva globalización, la cual surgirá en la etapa post Covid19, requerirá de una coordinación de los países en materia macroeconómica y productiva a fin de negociar las condiciones de la nueva normalidad, para lograr mecanismos de financiamiento que contemplen un nuevo estilo de desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental.
A manera de conclusión, Bárcena consideró que “se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer sus capacidades productivas y generar nuevas capacidades en sectores estratégicos”.
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