Estimular la producción nacional de genéricos, limitar la utilización abusiva de patentes, garantizar condiciones sociales de acceso y fortalecer el rol regulador del estado sobre el sector salud para proteger la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, fueron algunos de los puntos que a finales del 2017 presentó la doctora Araceli Damián González, aún como diputada de Morena para reformar la Ley General de Salud.
Entre otras cosas, se buscaba evitar que la misma empresa que produce el medicamento fuera la misma distribuidora, y también se buscaba limitar el porcentaje de ventas que una sola empresa obtiene por parte del gobierno. En síntesis: una mayor regulación a las farmacéuticas a favor de los pacientes.
En novimebre del 2017, Araceli Damián González, como diputada por Morena, presentó una iniciativa de reforma al artículo 31 y adicionar el 233 bis de la Ley General de Salud con la intención de reformar la sobreprotección otorgada por Cofepris, a los laboratorios internacionales con patentes en medicamentos, durante la Legislatura (LXVII)
En entrevista para Salud Primero, la actualmente Directora General para la Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México, explicó que en México se tiene un problema muy serio en términos del costo de los medicamentos y un sobreprecio por su distribución.
En este sentido, agregó que aunque la OCDE promueve la libre competencia para evitar la colusión en las compras públicas de medicamentos y conocer el mercado internacional para comprar a un mejor precio las medicinas, dijo que esto no basta.
“Todo lo que plantea la OCDE es como si sólo se tuviera que competir y desde una visión, de condiciones de mercado perfectas”, aclaró.
Por ello, la doctora Damián González, toma distancia del Informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, “Combate a la Colusión en las Compras Públicas del IMSS”, presentado recientemente al Instituto del Seguro Social, y agregó que en nuestro país se podrían hacer algunas modificaciones o regulaciones, independientemente de los acuerdos comerciales que se tengan para garantizar el acceso de medicamentos gratuitos a la población.
La especialista en temas de pobreza y política social, enlistó las siguientes propuestas: evitar que la misma empresa que produce el medicamento sea la misma distribuidora. Limitar el porcentaje de ventas que una sola empresa puede obtener por parte del gobierno, y que no se renueven las patentes por cualquier pretexto. Lo que hacen las farmacéuticas actualmente dijo, es que van a la Cofepris y con eso renuevan la patente cuando en realidad, es lo mismo.
“Todo esto es materia de regulación”, afirmó.
“Poner por encima la salud pública antes que el negocio y el dinero, debería ser la prioridad”, dijo y en este sentido, su propuesta iba hacia la generación de incentivos económicos a las empresas que pudieran fabricar medicamentos que ayuden a disminuir las enfermedades crónico degenerativas.
HACE FALTA MÁS INVESTIGACIÓN
“El problema requiere mucha investigación y el Estado mexicano se retiró de la investigación y del financiamiento”, señaló.
En la iniciativa de ley que presentó en noviembre del año 2017, se buscaba: “proteger la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, hacer más eficiente el funcionamiento de la industria, estimular la producción nacional de genéricos, limitar la utilización abusiva de patentes, garantizar condiciones sociales de acceso y fortalecer el rol regulador del estado sobre el sector”.
“Se hizo la propuesta de contar con suficiente presupuesto en investigación y producción biotecnológica y farmacológica con mecanismos público-privados en investigación, innovación y producción de medicamentos. Se planteaba un presupuesto para hacer investigación. La idea consistía en desarrollar la investigación, como lo hace la medicina cubana para no depender de las sustancias activas”, dijo, que tienen los laboratorios.
Explició que en la iniciativa se contempló establecer procedimientos de impugnación de patentes, es decir que los propios productores de genéricos, ante un periodo injustificado de componentes, pudieran impugnar un proceso. Tanto la Secretaría de Salud en colaboración con científicos reconocidos, resolverían estos casos, explicó.
“Es una de las partes más duras y que le preocupó a la industria farmacéutica, porque contemplaba la suspensión temporal de la vigencia jurídica de las patentes, bajo estricto apego a una emergencia sanitaria”.
Y citó el caso de Brasil durante el gobierno de Lula Da Silva, en donde dijo, se establecieron mecanismos mediante los cuales ante situaciones de emergencia de salud pública, se podían suspender las patentes, finalizó.
La iniciativa que en su momento ya no avanzó, se puede consultar aquí
