De diciembre de 2012 a octubre de 2017, sólo ocho casos por muerte materna han recibido indemnización por parte de instituciones de salud, pese a que, en promedio, fallecen dos mujeres al día por esta causa.
De acuerdo con el estudio La pieza faltante. Justicia Reproductiva, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de 2012 a 2016 se registraron 4 mil 283 fallecimientos de mujeres, alrededor de 857 cada año, por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y puerperio.
Las adolescentes y las indígenas son las más vulnerables durante el proceso de gestación.
Tan sólo en 2015, el 10.9 por ciento del total de muertes maternas correspondió a menores de 19 años, y el 11.2 por ciento a mujeres indígenas.
En caso de muerte materna, los familiares pueden exigir al Estado el pago de una indemnización por el daño.
Al presentar el informe, Regina Tamés, directora de GIRE, señaló que, además de la indemnización, es necesario brindar una reparación integral del daño y establecer garantías de no repetición.
Aseguró que el IMSS cuenta con una bolsa específica para indemnizar en estos casos, pero no genera estrategias para impedir que ocurran de nuevo.
“(Dar dinero) está siendo una medida para solucionar los casos, en lugar de que realmente estén trabajando para que las cosas cambien en el sistema”, dijo.
Explicó que las muertes maternas están relacionadas con deficiencias estructurales que aquejan al Sistema Nacional de Salud, como la falta de recursos humanos, técnicos y materiales, que impiden brindar una atención de calidad a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto.
Tamés señaló que este estudio visibiliza las principales problemáticas que enfrentan las mujeres en materia de derechos reproductivos: embarazo adolescente, penalización del aborto, violencia obstétrica, muerte materna y seguridad social incompleta, con el objetivo de que el próximo Gobierno implemente acciones concretas para atenderlas.
“La justicia reproductiva ha sido un pendiente del Estado y no queremos esperar más. El hecho de que una mujer pueda planear su familia, no sólo puede salvarle la vida, sino también transformarla, pues le brinda la posibilidad de llevar a acabo su proyecto de vida”, explicó.
LAS TRABAS DE LOS ESTADOS
Los servicios de salud estatales realizan cada año un promedio de sólo 27 abortos en caso de violación, pese a que las cifras de agresiones sexuales contra las mujeres son más altas.
De acuerdo con el informe “La pieza faltante. Justicia reproductiva”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), de 2012 a 2017 los servicios de salud estatales reportaron en conjunto 137 abortos por violación, de los cuales 52 fueron a menores de edad.
Pero sólo en 2016, de las adolescentes que tuvieron un embarazo, 10 por ciento, es decir, más de 30 mil, fueron agredidas sexualmente, señala el reporte.
Esto sucede porque las mujeres que son víctimas de violencia sexual en el País enfrentan obstáculos para acceder a abortos seguros o a pastillas anticonceptivas de emergencia, pese a que por ley tienen este derecho, reprocha Gire.
La Ley General de Víctimas y la NOM 046 establecen que se debe garantizar el acceso a servicios de aborto a toda mujer cuyo embarazo sea producto de una violación, sin más requisito que una declaración bajo protesta de decir verdad.
Las mujeres no están obligadas a denunciar y, a partir de los 12 años, pueden solicitar el servicio sin la compañía de padres o tutores.
También contempla que todos los servicios de salud deben brindar anticoncepción de emergencia a las mujeres víctimas de violencia sexual, hasta 120 horas después de la agresión.
Sin embargo, en los hechos, las autoridades obstaculizan o niegan el acceso a estos servicios, solicitando requisitos adicionales, como una denuncia previa o una autorización por parte del Ministerio Público, documenta la organización.
Según datos obtenidos por Gire a través de solicitudes de información, de 2012 a 2017 sólo el Hospital Homeopático, de la Secretaría de Salud, reportó la entrega de dos pastillas de emergencia a menores de 18 años.
Semar y Pemex aseguran no haber otorgado ninguna, mientras que el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, que afilian a 97 por ciento de las adolescentes, no cuentan con información al respecto.
De 2017 a septiembre de 2018, el Gire ha dado acompañamiento a 38 mujeres víctimas de violencia sexual, 26 menores de edad, a quienes las autoridades les han negado el servicio de aborto.
Pilar, un ejemplo
Ciudad de México / Puebla, 2018
En mayo de 2018, con 15 años de edad, Pilar acudió con su mamá a una clínica para realizar una prueba de embarazo en sangre, debido a que presentaba retraso en su periodo. En marzo, mientras se encontraba de vacaciones en Cuetzalan, Puebla, su tío paterno la había violado sexualmente. Al saber que estaba embarazada decidió contarle a su mamá acerca de la violación y acudieron juntas a una agencia del ministerio público de la Ciudad de México, donde viven, a presentar una denuncia. Ahí, el personal les dijo que no podían recibirla debido a que los hechos habían ocurrido en otra entidad. Sin embargo, le informaron que, por tratarse del delito de violación sexual, tenía derecho a decidir si deseaba o no continuar con el embarazo que cursaba, pues no constituía ningún delito. Pilar y su mamá regresaron a la clínica para realizar un ultrasonido, que determinó que tenía 10.2 semanas de gestación y se trasladaron a Puebla a presentar la denuncia penal correspondiente.
En el ministerio público en Puebla le realizaron exámenes, y visitaron el lugar donde habían ocurrido los hechos. Sin embargo, le negaron su solicitud para interrumpir el embarazo, argumentando que el aborto no era legal en Puebla. Las autoridades no solo omitieron informarles sobre la prestación del servicio de emergencia al que tenía derecho Pilar, en especial al ser menor de edad y por las semanas de gestación que cursaba, sino que, además, les proporcionaron información falsa y errónea. Asimismo, les dijeron que en ningún lugar de Puebla les iban a autorizar la interrupción del embarazo, infundiéndoles el temor de que, de abortar en la Ciudad de México, el juez las cuestionaría sobre el aborto e incluso podría ser criminalizada.
Ante esta negativa, Pilar y su mamá decidieron regresar a la Ciudad de México, pues por las semanas de gestación que tenía, aún se encontraba dentro del plazo que señala la ley para acceder a una ILE. Después, con el acompañamiento de GIRE, Pilar y su mamá acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla para presentar una queja por las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra por el personal del ministerio público de Teziutlán, Puebla, derivadas de la falta de información acerca de los derechos que tenía Pilar como víctima del delito de violación sexual y las negativas para realizar la interrupción del embarazo que cursaba, así como una prueba de ADN que permitiera aportar pruebas a su denuncia penal. La resolución de dicha queja se encuentra pendiente. En respuesta, la Comisión emitió un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, plantea medidas de reparación insuficientes, por lo que GIRE acompaña a Pilar y su familia en el reclamo de la responsabilidad patrimonial del Estado.
El caso de Pilar es una muestra de que, mientras el aborto sea considerado un delito y no un servicio de salud, se continuará enviando un mensaje por parte del Estado que puede permear también las creencias, prejuicios y miedos de la sociedad en general y de funcionarios públicos en particular, al tiempo que les provee de herramientas para ejercer poder en contra de las mujeres cuando sospechan que se han provocado un aborto. Su situación no es única: de 2012 a septiembre de 2018, GIRE ha registrado, documentado y acompañado casos tanto de negación de acceso a abortos por violación y otras causales, como de criminalización por el delito de aborto. Algunos de estos casos han llegado a la SCJN, otros, como el caso de Margarita46 —a quien el ISSSTE le negó el acceso a interrumpir un embarazo que ponía en riesgo su salud— esperan resolución ante dicho tribunal, otros más han sido resueltos en segunda instancia.